La inversión extranjera directa (IED) continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento económico en el mundo. Además de aportar capital, impulsa la transferencia de tecnología, fortalece la productividad, genera empleo y facilita la integración de los países en las cadenas globales de valor. Sin embargo, el contexto internacional ha cambiado profundamente. Hoy los inversionistas no solo comparan incentivos económicos; también evalúan la calidad institucional de los países donde pretenden establecer sus operaciones.

En un escenario marcado por el nearshoring, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la competencia dejó de centrarse exclusivamente en atraer inversión. Ahora consiste en ofrecer un entorno institucional capaz de facilitarla, acompañarla y consolidarla. Es precisamente allí donde cobra relevancia un concepto que aún ha sido poco desarrollado en Colombia: la gobernanza de la inversión extranjera.

La gobernanza de la inversión extranjera puede entenderse como el conjunto de instituciones, políticas públicas, mecanismos de coordinación y reglas jurídicas mediante las cuales un Estado no solo protege la inversión, sino que facilita su establecimiento, expansión y permanencia. Se trata de una visión que supera el enfoque tradicional de promoción y reconoce que la experiencia del inversionista depende tanto de la seguridad jurídica como de la eficiencia administrativa.

Desde esta perspectiva, Colombia parte de una posición favorable. El país reconoce el principio de igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros, protege la libre remisión de capitales conforme al régimen cambiario, es Estado parte del Convenio CIADI y cuenta con una amplia red de tratados de libre comercio y 18 Acuerdos Internacionales de Inversión vigentes, además de varios acuerdos suscritos y negociaciones en curso. A ello se suma la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) y del Sistema de Facilitación de la Inversión Extranjera Directa (SIED), concebidos para simplificar la interacción entre el inversionista y las entidades públicas.

No obstante, disponer de una arquitectura jurídica robusta no garantiza, por sí solo, una experiencia eficiente para quien decide invertir. En la actualidad, los inversionistas valoran factores como la rapidez de los trámites, la coordinación entre autoridades, la estabilidad regulatoria y la capacidad del Estado para resolver obstáculos durante la ejecución de los proyectos. En otras palabras, la protección jurídica constituye una condición necesaria, pero ya no suficiente.

La experiencia comparada ofrece lecciones valiosas. Costa Rica ha fortalecido su estrategia de atracción de inversiones mediante una Ventanilla Única de Inversión que integra entidades públicas y centraliza procedimientos esenciales para el establecimiento de empresas. Paraguay, por su parte, complementó su estabilidad normativa con incentivos previstos en la Ley N.º 60/90 y un sistema tributario simple (la conocida fórmula tributaria 10-10-10 –10 % de IVA, 10 % del Impuesto a la Renta Empresarial y 10 % del Impuesto a la Renta Personal) ha contribuido a posicionar al país como uno de los destinos más competitivos de la región para inversión extranjera. Más allá de las diferencias entre ambos modelos, existe un elemento común: la construcción de instituciones capaces de reducir incertidumbre y facilitar la inversión.

Las cifras recientes de organismos internacionales como la Cepal muestran que América Latina enfrenta un escenario más competitivo para captar capital extranjero. La disminución de los flujos de IED registrados durante los años 2024 y 2025 confirma que los países deberán diferenciarse no solo por sus ventajas económicas, sino por la calidad de sus instituciones y la eficiencia de su administración pública. En este contexto, Colombia tiene la oportunidad de consolidar una nueva etapa en su política de inversión con el gobierno entrante.

El verdadero desafío no consiste en expedir más normas, sino en mejorar la articulación entre las ya existentes. Tampoco se limita a negociar nuevos tratados o crear incentivos adicionales. La prioridad debería ser construir un modelo de gobernanza que coordine eficazmente a las entidades públicas, reduzca cargas administrativas, fortalezca la confianza del inversionista y facilite el desarrollo de proyectos desde su llegada hasta su consolidación.

La inversión extranjera no busca únicamente mercados atractivos. Busca ecosistemas confiables.

Por ello, la competitividad de Colombia dependerá cada vez menos de la cantidad de normas que integran su sistema jurídico y cada vez más de la capacidad de sus instituciones para generar confianza. La gobernanza de la inversión extranjera no reemplaza la protección jurídica; la hace efectiva. Y probablemente constituya uno de los principales retos para la política económica del país durante la próxima década.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de convertir esa premisa en una política de Estado. Si logra hacerlo, Colombia no solo atraerá más inversión extranjera; atraerá mejores inversiones, generará mayor valor agregado y consolidará un entorno más competitivo para el crecimiento empresarial y el desarrollo económico sostenible.

Artículo tomado de Ámbito Jurídico escrito por Juan Felipe Toro